¿Cómo se ejecuta un pagaré?
El pagaré trae aparejada ejecución por sí solo: no hay que preparar nada, ni citar al deudor a reconocer su firma, ni intimarlo antes. Se presenta el título, el juez lo examina y manda embargar. Lo que decide el resultado no es el juicio, es lo que dice —y lo que no dice— el papel que se firmó, y eso se puede revisar antes de gastar un peso en tasas.
Las tres cosas que sorprenden al que viene a ejecutar
Son las que más consultas generan, y las tres juegan a favor del acreedor.
No hay etapa previa
El pagaré figura entre los títulos que traen aparejada ejecución (art. 523, inc. 5, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). La preparación de la vía ejecutiva —citar al deudor a reconocer su firma— es para los documentos que por sí solos no la traen, no para éste. Con un pagaré se demanda directo.
El embargo no se funda aparte
No hay que acreditar verosimilitud del derecho ni peligro en la demora ni dar contracautela: esa certeza ya la da el título. El embargo sale junto con el despacho de la ejecución. Lo que sí hay que hacer es pedirlo y decir sobre qué bien, porque el juez no sale a buscar bienes.
Las defensas son una lista cerrada
El deudor no puede discutir el negocio de fondo. Las únicas excepciones admisibles son nueve (art. 544 del Código Procesal de la Nación; art. 591 de la ley 9531 en Tucumán), la falsedad sólo puede fundarse en la adulteración del documento y la inhabilidad se limita a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa.
¿Hay que protestar el pagaré? Casi siempre, no
Es la pregunta que más se busca y la que peor contestada está. La respuesta corta: contra el que firmó el pagaré no hace falta protesto, tenga o no el título la cláusula «sin protesto».
Qué es el protesto
Es el acto auténtico que constata la negativa de pago, y sólo admite dos formas: acta labrada en su protocolo por escribano público o notificación postal cursada por un escribano. Ningún otro acto lo suple: ni una carta documento, ni un acta de constatación, ni un mail, ni una intimación por mensajería (art. 63 del decreto ley 5965/63). Y para los pagarés a día fijo hay que hacerlo dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento (art. 48).
Por qué igual no importa
Porque contra el suscriptor —el que firmó— y contra su avalista la acción es directa, no de regreso: el suscriptor del pagaré queda obligado de la misma manera que el aceptante de una letra (arts. 46, 57 y 104 del decreto ley 5965/63). El plazo de dos días, que cuando el acreedor consulta casi siempre ya venció, no le cierra la puerta.
Qué dispensa entonces la cláusula
El protesto para la acción de regreso: la que se dirige contra los endosantes y sus avalistas. Puede insertarla el suscriptor, un endosante o un avalista, y el efecto cambia según quién la puso: si la pone el suscriptor alcanza a todos los firmantes; si la pone un endosante, sólo a él (art. 50).
La formalidad que decide casos
Si la cláusula viene en el texto impreso del formulario, basta la firma de creación. Pero si se insertó a mano, con sello o por cualquier otro medio, tiene que estar especialmente firmada, además de la firma del título (art. 50). Es un detalle de dos segundos que conviene mirar antes de contar con la acción regresiva.
Presentar al cobro sigue siendo carga
La cláusula no libera de presentar el pagaré al pago ni de dar los avisos. Lo que cambia —y es lo que importa— es quién prueba: la inobservancia de esos términos la tiene que acreditar quien la invoca contra el portador, no el acreedor (arts. 49 y 50). Y si se prueba, el efecto recae sobre la mora y los intereses, no sobre la habilidad del título.
Lo que nunca conviene es retocarlo
Agregarle a un pagaré ya firmado la cláusula «sin protesto», un domicilio o una tasa no mejora la posición del acreedor: la empeora. Si se altera el texto, los firmantes anteriores responden según el texto originario, y cuando no consta cuándo se firmó la ley presume que la firma se puso antes de la alteración (art. 88).
Ante qué juez se demanda
Determinar el juez competente es el punto que más expedientes hace naufragar, y el único de toda esta guía donde la respuesta cambió en los últimos años. Conviene resolverlo antes de presentar, no después.
La regla general
Ejecutar un pagaré es una acción personal: el juez competente es el del lugar en que debe cumplirse la obligación y, en su defecto y a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato (art. 5, inc. 3, del Código Procesal de la Nación; art. 102, inc. 4, de la ley 9531 en Tucumán). No es una opción libre: el lugar de cumplimiento tiene prioridad.
El renglón que decide dónde se litiga
En el pagaré, ese lugar de cumplimiento es el lugar de pago indicado en el título. Y si no se indicó ninguno, el lugar de creación se considera lugar de pago y también domicilio del suscriptor (art. 102 del decreto ley 5965/63). Por eso el renglón «lugar» del formulario no es decorativo: define la jurisdicción de toda una cartera.
Prórroga de jurisdicción
La competencia territorial en asuntos patrimoniales es prorrogable por acuerdo de partes, expresa o tácitamente (arts. 1 y 2 del Código Procesal de la Nación; arts. 99 y 100 de la ley 9531). Entre empresas, la cláusula vale. Y como regla el juez no puede declarar de oficio su incompetencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 4, último párrafo, del Código Procesal de la Nación, «fundada en razón del territorio»).
El pagaré de consumo: la excepción que se volvió la regla
Todo lo del bloque anterior se da vuelta cuando el pagaré documenta un crédito para consumo. Es la situación más frecuente en las carteras de comercios y financieras, y la que más plata cuesta descubrir tarde.
Qué dice la ley
En las operaciones financieras y de crédito para consumo, si demanda el proveedor es competente el tribunal del domicilio real del consumidor, y es nulo cualquier pacto en contrario (art. 36, último párrafo, de la ley 24.240). La ley de defensa del consumidor es de orden público (art. 65), de modo que esa regla no se desplaza ni por la cláusula del pagaré ni por las normas procesales.
Y la prórroga, además, puede no existir
Hay un segundo frente: si el crédito se contrató fuera del establecimiento comercial, a distancia o por medios electrónicos, el lugar de cumplimiento es donde el consumidor recibió o debió recibir la prestación, y la cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita (art. 1109 del Código Civil y Comercial). Es la norma olvidada, y hoy la más frecuente: crédito ofrecido por teléfono o por una aplicación.
Cómo se detecta que es de consumo
No se exige prueba: se infiere. Los tribunales trabajan con presunciones a partir de tres datos —la actividad del actor, que el deudor sea una persona humana y el monto reclamado— y la presunción admite prueba en contrario, pero la carga de desvirtuarla recae sobre el ejecutante. La sola calidad de las partes puede bastar, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título.
Qué exige el juez cuando lo presume
Que el pagaré se integre con la documentación de la operación de crédito, para verificar los datos que el art. 36 de la ley 24.240 manda consignar bajo pena de nulidad: el precio al contado, el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual y el total a pagar, entre otros. El título cambiario y el contrato pasan a leerse juntos.
Qué pasa si no se acompaña
Ahí está el costo real, y no es sólo que el expediente se vaya a otra jurisdicción: la ejecución puede rechazarse, con costas al ejecutante, honorarios a su cargo y levantamiento del embargo ya trabado. Un expediente de dos años puede terminar así, con la tasa de justicia y el trabajo perdidos.
No es igual en todo el país
Es importante decirlo porque circula como si fuera uniforme, y no lo es. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fijó doctrina plenaria en 2011 y la Corte Suprema de la Nación tiene criterio consolidado desde 2013 sobre la competencia; pero el alcance del control de oficio y el orden de los pasos varían de provincia a provincia. En Tucumán la Corte provincial tiene doctrina legal propia sobre el pagaré conexo a un contrato de consumo, y los juzgados la aplican de oficio.
En Tucumán el control llega antes que el deudor
Desde el 1º de noviembre de 2024 el juicio ejecutivo tucumano es monitorio, y eso reubica el riesgo del acreedor. Todo el material anterior a esa fecha describe un trámite local que ya no existe.
No hay intimación de pago
El juez examina el título y, si lo encuentra entre los ejecutivos, dicta sentencia monitoria ejecutiva mandando llevar adelante la ejecución y ordenando el embargo en el mismo acto; recién entonces se notifica al deudor, que tiene cinco días para oponerse (arts. 568, 577, 590 y 591 de la ley 9531).
El examen ocurre antes
Ésa es la diferencia que importa: el control del título sucede antes de que el deudor sepa que hay juicio, en el mismo acto en que el juez decide si dicta la monitoria. Nadie tiene que oponer nada para que el pagaré se mire. Presentar una cartera sin la documentación de respaldo no posterga el problema, lo adelanta.
El pagaré entra por el inciso residual
Conviene saberlo porque se cita mal seguido: a diferencia del código nacional, la lista tucumana de títulos ejecutivos no nombra a los títulos cambiarios. El pagaré entra por «los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley» (art. 570, inc. 6, de la ley 9531), porque esa fuerza se la da el decreto ley 5965/63.
Sin mediación previa
Los juicios ejecutivos están excluidos de la mediación prejudicial obligatoria, salvo que el propio acreedor quiera someterse a ella (art. 3, inc. 12, de la ley 7844). Con un pagaré se va directo al juzgado.
La apelación se puede neutralizar
El ejecutado sólo puede apelar si opuso excepción legítima, y el ejecutante puede pedir que el recurso no suspenda el cobro dando fianza, cuya clase y monto fija el tribunal (arts. 600 y 601 de la ley 9531). Es la pieza que acorta tiempos reales.
Y si hay varios vencimientos
No hace falta esperar a que venzan todos los pagarés de una serie ni abrir un expediente por cada uno: la ejecución se amplía por las cuotas o plazos que vencen durante el juicio (art. 588 de la ley 9531; arts. 540 y 541 del Código Procesal de la Nación).
Embargo y medidas cautelares: qué se puede y qué no
Información neutra sobre qué medida cautelar sirve en una ejecución de pagaré y cuál no. Vale la pena conocerla antes, porque el acreedor que la ignora gasta tiempo y dinero en medidas que vuelven vacías.
El embargo del ejecutivo
Sale con el despacho de la ejecución, sin contracautela y sin los tres requisitos clásicos de toda medida cautelar: la certeza la da el título. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito y las costas, y el juez puede acotarlo o disponer uno distinto del pedido si el elegido causa un perjuicio grave habiendo otros disponibles (arts. 531, 213 y 535 del Código Procesal de la Nación; arts. 577, 292 y 582 de la ley 9531).
Inhibición general de bienes
Es la vía cuando no se conocen bienes, y se pide dentro del mismo juicio. Conviene entender qué es y qué no: no da preferencia de cobro, sólo surte efecto desde su anotación y no prevalece sobre las anotadas después (art. 534 y art. 228 del Código Procesal de la Nación; art. 302 de la ley 9531). Sirve porque bloquea: el que no puede vender ni escriturar aparece a negociar.
Llegar primero importa
El acreedor que primero trabó embargo tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito con preferencia, y los embargos posteriores afectan el sobrante (art. 745 del Código Civil y Comercial). Pero esa prioridad vale sólo frente a los acreedores sin privilegio y en los procesos individuales: cae si el deudor entra en concurso o quiebra.
El sueldo, con límites
Es inembargable hasta el equivalente a un salario mínimo vital; sobre el excedente se embarga hasta el 10 % o hasta el 20 % según la remuneración supere o no el doble de ese mínimo (decreto 484/1987, reglamentario de los arts. 120 y 147 de la Ley de Contrato de Trabajo). El porcentaje no se aplica sobre el sueldo total, que es el error más repetido. Las jubilaciones y pensiones son inembargables salvo por alimentos (art. 14, inc. c, de la ley 24.241).
«Vivienda única» no es inembargable
La protección existe sólo si el inmueble está afectado al régimen de vivienda del Código Civil y Comercial e inscripto, y aun así es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación (arts. 244 a 256, en especial el 249). La fecha que decide todo es la de la afectación registral frente a la del pagaré.
Caducan solas
Los embargos e inhibiciones anotados en registros se extinguen a los cinco años de la anotación si no se reinscriben antes del vencimiento por orden del juez (art. 207 del Código Procesal de la Nación; para los inmuebles, arts. 2, inc. b, y 37, inc. b, de la ley 17.801). Es el olvido más caro en carteras viejas: la medida se cae sin que nadie avise.
Pagarés en dólares
Sí se ejecutan. Lo que hay que mirar es si el título tiene la cláusula correcta y en qué fecha se firmó, porque de eso depende si se cobran dólares o pesos.
El título es válido
La promesa de pagar una suma determinada se cumple con una suma en moneda extranjera: no hay que convertirla para que el pagaré valga (art. 101 del decreto ley 5965/63). En Tucumán el código además lo dice con todas las letras: se procede ejecutivamente por obligaciones de dar sumas de moneda nacional o extranjera (art. 568 de la ley 9531). En el orden nacional la ejecución se promueve por el equivalente en moneda nacional (art. 520 del Código Procesal de la Nación).
La norma es la cambiaria, no la general
Es el error más extendido del tema: se discute el art. 765 del Código Civil y Comercial como si gobernara el pagaré. La moneda de pago de un pagaré la resuelve en primer lugar el art. 44 del decreto ley 5965/63, aplicable por remisión del art. 103, que es norma especial y además las reglas generales de títulos valores rigen en subsidio de las especiales (art. 1834, inc. a, del Código Civil y Comercial).
La cláusula que hace la diferencia
Si el título lleva la cláusula de pago en efectivo en moneda extranjera, el deudor no se libera pagando pesos. Tiene que estar en el pagaré antes de la firma y la dispone el librador, es decir el propio deudor: agregarla después es una alteración del texto, con el efecto del art. 88 que ya se explicó más arriba.
La opción hay que ejercerla
Sin esa cláusula, el importe puede pagarse en moneda nacional al cambio del día del vencimiento; pero si el deudor está en mora, es el portador quien elige entre el cambio del día del vencimiento y el del día del pago (art. 44). Es una opción del acreedor y no opera sola: se pide en la demanda y se reitera al presentar la liquidación.
Qué cambió, y desde cuándo
Los arts. 765 y 766 del Código Civil y Comercial rigen hoy con el texto del DNU 70/2023, vigente desde el 29 de diciembre de 2023: el deudor sólo se libera entregando la moneda pactada. Al 9 de noviembre de 2026 ese decreto sigue vigente —un decreto de necesidad y urgencia cae sólo si lo rechazan ambas cámaras—, pero para los pagarés firmados antes de esa fecha la discusión sigue abierta, y conviene verificar el estado de la norma al momento de cada ejecución.
No hay un tipo de cambio único
Cuando hay que convertir y las partes no pactaron cómo, los tribunales han usado criterios distintos, y buena parte de lo que se lee describe escenarios que ya no existen: el impuesto PAÍS venció a fines de 2024 y el régimen cambiario cambió dos veces durante 2025. Cuando las partes sí pactaron el modo de conversión, manda lo pactado. Sobre un capital en dólares, además, no corresponde la tasa activa en pesos.
Los errores que matan un pagaré antes del juicio
Se cometen al emitirlo, años antes de que nadie piense en ejecutar. Vale la pena revisarlos en los formularios que se usan hoy, porque hacia adelante se corrigen gratis.
El pagaré «en cuotas» es nulo
Los pagarés con vencimientos sucesivos no valen (art. 35, último párrafo, del decreto ley 5965/63, aplicable por el art. 103). Lo correcto es librar un pagaré por cuota, cada uno con su vencimiento a día fijo. La única excepción son los pagarés destinados a negociarse en mercados registrados ante la Comisión Nacional de Valores, que no es el caso de una venta de mostrador.
Falta el lugar de creación
Es el defecto que sí invalida, y se confunde justo al revés. Si falta el lugar de pago no pasa nada: se suple con el de creación. Pero si falta el lugar de creación no hay nada de dónde suplirlo, y el art. 102 no prevé para el pagaré la subsanación que sí tiene la letra de cambio. No se exigen fórmulas sacramentales: alcanza con la mención precisa de la ciudad o el lugar.
Intereses en un pagaré a día fijo
La cláusula de intereses sólo es válida en el pagaré pagable a la vista o a cierto tiempo vista; en los demás se considera no escrita, y la tasa debe constar en el propio título (art. 5, aplicable por el art. 103). Se imprimen pagarés a día fijo con interés compensatorio y después ese renglón no se puede reclamar. Lo que sí corren desde el vencimiento son los moratorios (art. 52).
Firma digital entre particulares
El pagaré admite firma por medios electrónicos sólo si el acreedor es una entidad financiera de la ley 21.526 o el título se negocia en mercados bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores (art. 101). Fuera de esos dos supuestos, un pagaré firmado digitalmente entre particulares no cumple el requisito de la firma.
El pagaré en blanco tiene reloj
Completarlo está previsto por la ley, pero el derecho de llenar un título librado en blanco caduca a los tres años desde la creación (art. 11). Es una defensa real en carteras viejas con papeles firmados hace años y completados después, y conviene que la conozca el acreedor antes que el deudor.
Un pagaré con defectos no es el final
El documento que no vale como pagaré puede seguir sirviendo como instrumento privado firmado por el obligado, y desde ahí se abren otros caminos: la preparación de la vía ejecutiva, el proceso monitorio donde está previsto o el juicio de conocimiento. Está todo explicado en la guía de cobrar una deuda sin pagaré.
El reloj: tres plazos distintos, no uno
Es lo primero que se revisa de una cartera de pagarés, porque es lo único que no se recupera.
Tres años contra el que firmó
La acción contra el suscriptor del pagaré —y contra su avalista— prescribe a los tres años contados desde el vencimiento (arts. 96, 103 y 104 del decreto ley 5965/63). El art. 96 habla del «aceptante» porque está escrito para la letra de cambio: el art. 104 equipara al suscriptor con el aceptante, y por eso le corresponden los tres años aunque el formulario lo llame «librador». Si en algún foro se lee cuatro años, no es el plazo argentino.
Un año contra los endosantes
La acción del portador contra los endosantes prescribe al año, contado desde el protesto hecho en tiempo útil o desde el vencimiento si el título lleva la cláusula «sin gastos» (art. 96). Una cartera comprada por endoso puede tener acción viva contra quien firmó y vencida contra quien la transmitió.
La interrupción no se contagia
Es el detalle que más plata cuesta y casi nunca se dice: la interrupción de la prescripción cambiaria sólo produce efectos contra aquel respecto del cual se cumplió el acto interruptivo (art. 97). Demandar al suscriptor no interrumpe el plazo contra el avalista ni contra los endosantes. Si hay varios obligados, hay que alcanzarlos a todos.
Cómo encaramos una cartera de pagarés
El orden importa más que la velocidad: casi todo lo que sale mal en una ejecución estaba decidido antes de presentar la demanda. Si la cartera viene de ventas en cuotas, acá está el detalle de cómo trabajamos ese caso.
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Se revisa el papel antes que el deudor
Uno por uno y contra los arts. 101 y 102: lugar de creación, vencimiento, firma, la cláusula «sin protesto» y cómo está inserta, si hay aval y si hay endosos. De ahí sale cuáles son títulos ejecutivos limpios, cuáles conviene reforzar y cuáles van por otro camino.
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Se mira la fecha
Tres años desde el vencimiento contra el que firmó, un año contra los endosantes, y la caducidad del derecho a completar los que estén en blanco. Eso define el orden de trabajo: primero lo que está por vencer, no lo que es más grande.
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Se resuelve la jurisdicción antes de presentar
Si la operación tiene perfil de consumo, se reúne la documentación del negocio causal y se define el juzgado por el domicilio real del deudor. Es el paso que evita el escenario caro: rechazo con costas, honorarios a cargo y embargo levantado.
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Gestión extrajudicial en paralelo
No hay que esperar al juzgado para reclamar: el contacto, la intimación y la negociación de planes de pago arrancan el mismo día, y buena parte de las cuentas se cierra ahí. Todo queda registrado y se ve en vivo en la plataforma del estudio.
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Ejecución, y el embargo donde sirva
Demanda con el título, embargo pedido sobre bienes concretos e inhibición cuando no se conocen. La gestión extrajudicial la hacemos en todo el país; el juicio depende de la jurisdicción que corresponda a cada caso.
Preguntas que nos hacen antes de empezar
Mi pagaré no dice «sin protesto». ¿Igual lo puedo ejecutar?
Sí, contra la persona que lo firmó y contra su avalista: la acción es directa y no depende del protesto (arts. 46, 57 y 104 del decreto ley 5965/63). La cláusula «sin protesto» dispensa el protesto para la acción de regreso contra los endosantes. Dicho de otro modo: si el pagaré lo firmó el deudor y se lo reclama a él, la ausencia de la cláusula no es un obstáculo.
¿Hay que protestar el pagaré en algún plazo?
Para los pagarés a día fijo, el protesto por falta de pago se hace dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento (art. 48). En la práctica ese plazo casi siempre está vencido cuando el acreedor consulta, y por eso conviene saber que no cierra la vía contra el firmante. Conviene también no confundirlo con una intimación: ni una carta documento ni un acta de constatación suplen el protesto (art. 63).
¿Dónde se demanda: donde está mi empresa o donde vive el deudor?
Depende de qué documenta el pagaré. La regla general lleva al lugar de pago indicado en el título, y si no se indicó ninguno, al lugar de creación (art. 102). Pero si el pagaré documenta un crédito para consumo y demanda el proveedor, es competente el juez del domicilio real del consumidor y es nulo el pacto en contrario (art. 36 de la ley 24.240). Es la primera pregunta que conviene resolver, porque define el expediente entero.
¿Qué es un «pagaré de consumo» y por qué me lo preguntan?
Es el pagaré que instrumenta una operación de crédito para consumo. No hace falta que lo diga el papel: los tribunales lo presumen a partir de la actividad del acreedor, de que el deudor sea una persona humana y del monto, y la carga de desvirtuar esa presunción recae sobre quien ejecuta. Cuando se presume, el juez pide que el pagaré se integre con la documentación de la operación para verificar los datos del art. 36 de la ley 24.240.
¿Puedo embargar antes de demandar?
Se puede pedir un embargo preventivo, pero con un pagaré vencido casi nunca conviene: la propia ejecución da el embargo sin contracautela y sin tener que probar nada más. El preventivo tiene sentido en situaciones puntuales, y tiene su propio reloj: la medida trabada antes del juicio caduca si no se demanda dentro del plazo legal, que no es el mismo en el orden nacional que en Tucumán.
¿Se puede ejecutar un pagaré en dólares?
Sí. En Tucumán se procede ejecutivamente por sumas en moneda extranjera (art. 568 de la ley 9531); en el orden nacional la ejecución se promueve por el equivalente en moneda nacional (art. 520 del Código Procesal de la Nación). Cobrar efectivamente en dólares depende de si el título lleva la cláusula de pago en efectivo en moneda extranjera y de la fecha en que se firmó. La moneda de pago del pagaré la gobierna el art. 44 del decreto ley 5965/63, no el art. 765 del Código Civil y Comercial.
¿Cuánto tiempo tengo para ejecutar?
Tres años desde el vencimiento contra quien firmó el pagaré y su avalista; un año contra los endosantes (arts. 96, 103 y 104 del decreto ley 5965/63). Y si el pagaré se firmó en blanco, el derecho a completarlo caduca a los tres años de la creación (art. 11). Son plazos más cortos que el genérico de cinco años del Código Civil y Comercial: tener el documento no regala tiempo.
Tengo un pagaré firmado «en 12 cuotas». ¿Sirve?
Como pagaré, no: los títulos con vencimientos sucesivos son nulos (art. 35, último párrafo, aplicable por el art. 103). Lo correcto es un pagaré por cuota. Eso no significa que la deuda no se pueda cobrar: el documento puede valer como instrumento privado firmado por el obligado y abrir otros caminos, que son los que explica la guía de cobrar una deuda sin pagaré. Hacia adelante, se corrige cambiando el formulario.
¿Qué puede oponer el deudor?
Un elenco cerrado de nueve excepciones (art. 544 del Código Procesal de la Nación; art. 591 de la ley 9531), entre ellas incompetencia, prescripción, pago documentado y falsedad o inhabilidad de título. La falsedad sólo puede fundarse en la adulteración del documento y la inhabilidad se limita a las formas extrínsecas, sin que pueda discutirse la causa. Después queda el juicio ordinario posterior, acotado: no lo tiene quien no opuso las excepciones que pudo oponer.
¿Hay que pasar por mediación antes de ejecutar?
En Tucumán, no: los juicios ejecutivos están excluidos de la mediación prejudicial obligatoria, salvo que el acreedor quiera someterse a ella (art. 3, inc. 12, de la ley 7844). En otras provincias la respuesta puede ser distinta, así que es algo que se define según dónde tramite cada cuenta.
¿El deudor paga las costas y los honorarios?
Rige el principio de la derrota: las costas son a cargo de la parte vencida, y quedan a su cargo aunque pague apenas notificado. Pero hay un tope legal que conviene conocer: la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios de primera o única instancia no excede el 25 % del monto de la sentencia (art. 730, último párrafo, del Código Civil y Comercial). El detalle de cómo se compone el costo está en la guía de cuánto cuesta cobrar una deuda.
¿Cómo cobran ustedes?
A resultado: un porcentaje de lo efectivamente recuperado, sin abono mensual obligatorio. La representación en juicio no está incluida en ese esquema: se pacta aparte y los honorarios judiciales se rigen por la ley arancelaria vigente en cada jurisdicción. Los detalles están en planes y honorarios.
Traenos los pagarés como están
El diagnóstico es gratuito y sin compromiso: revisamos papel por papel qué es título ejecutivo limpio, qué plazos están corriendo y qué jurisdicción corresponde a cada cuenta antes de presentar nada. No hace falta ordenar ni completar nada antes de consultar.